Autor. Patxi Calvo. Criminólogo.
En Marzo de 1988, un grupo de loqueros irreductibles -hoy compañeros y amigos- nos plantamos en Madrid, en el Senado Español, y tuvimos una seria conversación con un senador, llamado José Macías.
Recuerdo que nada más vernos nos regaló a cada persona que estábamos allí un ejemplar de la Constitución Española, dedicada a cada uno de nosotros. Un detalle por su parte. Yo aún la conservo.
Pero nuestro grupo queria hablar con el Senador de otras cosas, asi que suave suave lo fuimos llevando a nuestro terreno constitucionalmente hablando, hasta que le plantamos situaciones vivenciales, que a ellos les pillaban un poco lejos.
Como la cosa iba para largo, le invitamos a comer, y cogió un rebote del copón, pues, de eso nada el que invitaba era él, cosa que admitimos por aclamacion.
Una vez comidos y medio soporizados, comenzamos a hablar del enchufismo en la Administración Pública.
El Senador Macías, comentó que era una de las maneras que tenían los políticos de pagar favores, pero que se les estaban yendo de las manos.
Cuando comenté, que el enchufismo el un delito constitucional, pues todos teníamos derecho al trabajo, el Senador, como que espabiló un poco, y dijo el día que el ciudadano sea consciente de lo que les da la Constitución, nosotros los políticos acabaremos en la cárcel.
Con esta anécdota, quiero decir que los Administradores públicos, Jefes y demás, que están sujetos a un montón de leyes, normas y reglamentos, no tienen ningún empacho en meter el dedo a la hora de contratar, y no se si son conscientes de que, con este acto, por enchufar a un conocido, o conocido del conocido, han dejado a una familia condenada a todas las precariadades que tienen los parados, con un agravante, que a esa persona un político, o Jefe, le ha robado un puesto de trabajo que le pertenecía, la ilusión y un futuro, condenándolo así, no sólo a él sino a toda su familia a seguir sufriendo las calamidades del paro.
Esta acción, la de poner el dedito encima de un nombre, en contra de su legal propietario, es un delito Constitucional, achacable a la persona que lo cometió, y no a la empresa pública, pero ¿quién paga estos delitos?, desde luego no el culpable, sino las honradas personas que estudiaron, hicieron oposiciones y sacaron una puntuación, y ese dedito a acabado con todas sus ilusiones.
Soy partidario de que en cada Gobierno Autónomo se cree la figura de Fiscal vigilante de la Administración Pública. Es probable que la ciudadanía mejore un poco su status.
Recuerdo que nada más vernos nos regaló a cada persona que estábamos allí un ejemplar de la Constitución Española, dedicada a cada uno de nosotros. Un detalle por su parte. Yo aún la conservo.
Pero nuestro grupo queria hablar con el Senador de otras cosas, asi que suave suave lo fuimos llevando a nuestro terreno constitucionalmente hablando, hasta que le plantamos situaciones vivenciales, que a ellos les pillaban un poco lejos.
Como la cosa iba para largo, le invitamos a comer, y cogió un rebote del copón, pues, de eso nada el que invitaba era él, cosa que admitimos por aclamacion.
Una vez comidos y medio soporizados, comenzamos a hablar del enchufismo en la Administración Pública.
El Senador Macías, comentó que era una de las maneras que tenían los políticos de pagar favores, pero que se les estaban yendo de las manos.
Cuando comenté, que el enchufismo el un delito constitucional, pues todos teníamos derecho al trabajo, el Senador, como que espabiló un poco, y dijo el día que el ciudadano sea consciente de lo que les da la Constitución, nosotros los políticos acabaremos en la cárcel.
Con esta anécdota, quiero decir que los Administradores públicos, Jefes y demás, que están sujetos a un montón de leyes, normas y reglamentos, no tienen ningún empacho en meter el dedo a la hora de contratar, y no se si son conscientes de que, con este acto, por enchufar a un conocido, o conocido del conocido, han dejado a una familia condenada a todas las precariadades que tienen los parados, con un agravante, que a esa persona un político, o Jefe, le ha robado un puesto de trabajo que le pertenecía, la ilusión y un futuro, condenándolo así, no sólo a él sino a toda su familia a seguir sufriendo las calamidades del paro.
Esta acción, la de poner el dedito encima de un nombre, en contra de su legal propietario, es un delito Constitucional, achacable a la persona que lo cometió, y no a la empresa pública, pero ¿quién paga estos delitos?, desde luego no el culpable, sino las honradas personas que estudiaron, hicieron oposiciones y sacaron una puntuación, y ese dedito a acabado con todas sus ilusiones.
Soy partidario de que en cada Gobierno Autónomo se cree la figura de Fiscal vigilante de la Administración Pública. Es probable que la ciudadanía mejore un poco su status.
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